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RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2023, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan en régimen de concurrencia competitiva las subvenciones para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas al amparo de los fondos de Next Generation EU y el Mecanismo de recuperación y resiliencia del Reglamento UE 2021/241 y se modifica el Plan estratégico de subvenciones. [2023/5737]

(DOGV núm. 9603 de 25.05.2023) Ref. Base Datos 005516/2023








Índice



Preámbulo

Resolución

Anexo I. Bases reguladores y convocatoria de las subvenciones

Artículo 1. Objeto y finalidad de las subvenciones

Artículo 2. Régimen jurídico

Artículo 3. Compatibilidad y régimen de comunicación a la Comisión Europea

Artículo 4. Beneficiarios

Artículo 5. Requisitos de los proyectos

Artículo 6. Presentación de solicitudes

Artículo 8. Instrucción

Artículo 9. Comisión de valoración

Artículo 10. Criterios objetivos de otorgamiento

Artículo 11. Resolución provisional

Artículo 12. Resolución y notificación

Artículo 13. Modificación de la resolución de concesión

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios

Artículo 15. Justificación de la subvención

Artículo 16. Gastos subvencionables

Artículo 17. Financiación, cuantía y abono de las subvenciones

Artículo 18. Subcontratación

Artículo 19. Revocación y reintegro

Artículo 20. Plan de control

– Anexo II. Modelo de solicitud.

– Anexo III. Modelo de domiciliación bancaria

– Anexo IV. Modificación del Plan estratégico de subvenciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para 2020/2023.





PREÁMBULO



En el marco establecido por la Constitución Española y conforme establece el artículo 49.1.4ª del Estatuto de Autonomía, la cultura es competencia exclusiva de la Comunitat Valenciana. Uno de los objetivos prioritarios de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno valenciano es el apoyo a la cultura y, concretamente, el apoyo a las artes escénicas, musicales y audiovisuales en sus diferentes modalidades.

El impacto económico y social derivado de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha hecho necesario impulsar la recuperación y reactivación de todos los sectores económicos, así como proteger y crear empleos. En el Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 se aprobó la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación, en cuyo desarrollo el Parlamento y el Consejo dictaron el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia que se financiará con el nuevo fondo Next Generation EU.

La Conferencia Sectorial de Cultura, en su reunión el 23 de julio de 2021, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de la distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas, en el marco del componente 24 «Revalorización de la industria cultural», en el PRTR.

Los proyectos que constituyen el Plan de recuperación, transformación y resiliencia permitirán realizar reformas estructurales en los Estados miembros adquiriendo las administraciones públicas un papel protagonista en el impulso, seguimiento y control de los proyectos del plan. Para la ejecución de este plan en el ámbito nacional, se ha aprobado el Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia con la finalidad de facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos.

Por otra parte, y en este mismo marco, el Gobierno de España ha aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del día 27 de abril de 2021, el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española que se divide en diferentes componentes según distintos ejes de actuación en los que intervienen los diferentes departamentos ministeriales.

Dicho Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española pone especial énfasis en la recuperación del sector cultural de nuestro país estableciendo un exhaustivo paquete de inversiones y reformas.

En este conjunto de medidas se encuentra el componente 24 denominado «Revalorización de la industria cultural» orientado a fortalecer la cadena de valor de las industrias culturales españolas promoviendo tres ejes estratégicos: competitividad, dinamización, digitalización y sostenibilidad de los grandes servicios culturales.

Uno de los retos a los que se enfrenta el sector cultural es que no se sustenta en sólidas estructuras industriales, profesionales y económicas, déficit especialmente acusado en el tipo de proyectos que se han fijado como objetivo, muy frágiles por su propia condición periférica. Las ayudas pretenden justamente reforzar y desarrollar esas capacidades para construir un sector cultural sólido más allá de los grandes núcleos urbanos y contribuir de ese modo a incrementar la actividad cultural en el territorio, entendida como motor de cambio, dinamización y transformación social.

Mediante esta medida se dotará a los agentes culturales que desarrollan su actividad en el territorio de recursos económicos para consolidar su estructura y su tejido en el periodo 2022-2023, así como de instrumentos que faciliten la sostenibilidad de sus proyectos a largo plazo, mejoren la competitividad y empleabilidad en el sector y permitan el diseño y desarrollo de estrategias alineadas con los objetivos fijados por la UE para los años venideros, como digitalización, cohesión territorial, diversidad e inclusión, igualdad de género y «Pacto Verde» (Green Deal).

El objetivo de esta inversión es activar un mínimo de procesos culturales en zonas no urbanas que refuercen el vínculo individual y social con el territorio y ofrezcan nuevas oportunidades laborales.

El artículo 164.e de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (de ahora en adelante, LHIS), permite, en atención a la especificidad de las subvenciones, que las bases reguladoras se incluyan y participen de la naturaleza de la convocatoria, agotándose sus efectos con la misma, y estableciéndose que se tramitarán siguiendo el procedimiento establecido en el citado texto legal; asimismo, el Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, establece en su artículo 61.1 que «Las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos europeos podrán incorporar la convocatoria de las mismas», este apartado de acuerdo con lo establecido en la disposición final primera, títulos competenciales, tiene la naturaleza de legislación básica.

El artículo 23 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19 establece: «Para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva vinculadas a inversiones, acciones o proyectos incluidos en el Mecanismo de recuperación y resiliencia y al REACT-EU, se aprobarán en un único expediente, mediante resolución de la persona titular de la conselleria competente por razón de la materia, las bases reguladoras, la convocatoria y la modificación, en su caso, del plan estratégico de subvenciones. En estos expedientes únicamente tendrán que cumplirse los siguientes trámites, con carácter de urgencia: resolución de inicio, informe de la Intervención Delegada e informe de la Abogacía General».

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la LGS, en el RLGS, en la LHIS, de acuerdo con la propuesta de la persona que ostenta la dirección general del IVC, y haciendo uso de las facultades que me confieren el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, a la vista del Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, en virtud del nombramiento contenido en el Decreto 6/2019, de 17 de junio, del president de la Generalitat y del citado Decreto 5/2013, de 4 de enero, que aprobó el Reglamento del IVC, modificado por Decreto 141/2014, de 5 de septiembre, del Consell, después de haber informado sobre esta resolución previamente a la Abogacía de la Generalitat y a la Intervención Delegada, resuelvo:



Primero

Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para el periodo 2020/2023, aprobado por la Resolución de 23 de marzo de 2020, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, adicionándose en su anexo único una nueva ayuda de la Dirección General del Institut Valencià de Cultura dentro del objetivo estratégico 4: Fomento de la producción y difusión de las diferentes manifestacions artísticas competencia del Institut Valencià de Cultura, de acuerdo con el detalle que figura como anexo II de esta resolución.



Segundo

Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, así como el modelo de solicitud y los documentos complementarios.



Tercero

Convocar las ayudas para financiar actividades desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023 como medio de favorecer las iniciativas que suponen la difusión y promoción de las artes escénicas valencianas de teatro, danza y circo en las modalidades indicadas.



Cuarto

Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.



Quinto

La presente resolución producirá efectos al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución se podrá interponer, de conformidad con lo que establecen los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, recurso potestativo de reposición ante la consellera de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la publicación de la resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo que establecen los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.



València, 23 de mayo de 2023.– La presidenta del Institut Valencià de Cultura: Raquel Tamarit Iranzo.







ANEXO I

Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones



Artículo 1. Objeto, finalidad y financiación de las subvenciones

1. La finalidad de estas ayudas es reforzar y desarrollar las capacidades del sector cultural para conseguir un tejido sólido en los núcleos de pequeña población, incrementando la actividad cultural en el territorio como motor de cambio, dinamización y transformación social, que ahonde los vínculos individuales y sociales con el territorio, ofreciendo nuevas oportunidades.

2. Las acciones y actividades que se financiarán a través de esta línea de ayudas deben responder a uno o varios de los objetivos siguientes:

a) Impulsar la actividad, la creación, las prácticas y los procesos culturales contemporáneos en estrecha vinculación con las comunidades y sus contextos sociales, territoriales y culturales específicos, contribuyendo a la construcción de nuevos relatos, imaginarios, representaciones, estéticas, valores y actitudes para el medio rural en el contexto de los retos que plantea el mundo contemporáneo, así como poner en valor, en diálogo con el presente, el patrimonio, el conocimiento y los saberes tradicionales.

b) Promover la dinamización, modernización e innovación de los sectores y agentes cultu rales y creativos que operan en el medio rural, favoreciendo la generación de empleo, la pro fesionalización y la creación de redes profesionales locales, regionales y nacionales, así como ayudar a la consecución de la igualdad de género en estos sectores.

c) Promover la inclusión y estimular la participación ciudadana activa en la actividad cultural como instrumento de participación democrática, bienestar, salud y cohesión social y territorial, con especial atención a la incorporación de estrategias de igualdad de género y participación juvenil y a la colaboración con los centros educativos.

d) Favorecer la diversidad cultural, así como el diálogo y el intercambio rural-urbano.

e) Impulsar la contribución de la cultura a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en parti cular a aquellos vinculados con la sostenibilidad medioambiental.

3. De acuerdo con la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de 2022, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023 (DOGV 9502, 31.12.2022), las ayudas convocadas se imputarán al crédito previsto en la sección 09, entidad 00025, línea de subvención S8620000 «Revalorización de las industrias culturales», con un importe inicial de 1.471.907,20 €.



Artículo 2. Régimen jurídico

1. Las ayudas que se financian al amparo de esta convocatoria se enmarcan en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno español y tienen por objeto la financiación de proyectos para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. Será de aplicación el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia, así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.

2. Las presentes ayudas tendrán carácter de subvención y el procedimiento para la concesión de las mismas será el de concurrencia competitiva mediante convocatoria pública aprobada por el órgano competente para la concesión y se tramitará de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración concedente, y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, previstos en el artículo 8 de la Ley 38/2003, LGS, así como los establecidos en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.

Dichas ayudas se regirán por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, con las características que establecen estas bases reguladoras, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así mismo se atenderá a los preceptos aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, y al resto de disposiciones vigentes que resulten de aplicación a las subvenciones otorgadas por la Administración de la Comunitat Valenciana.



Artículo 3. Compatibilidad y régimen de comunicación a la Comisión Europea

1. La percepción de esta subvención no es compatible con la percepción de otros fondos estructurales de la Unión Europea. No obstante, sí es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de organismos públicos o privados, sin que el importe total de las ayudas recibidas pueda superar el coste de la actividad subvencionada.

2. Los interesados solo podrán presentar una solicitud de ayuda. En el caso de presentar más de un proyecto dentro del plazo de presentación de solicitudes, solo se considerará válidamente presentado el que lo haya sido en último lugar.

3. Las ayudas que por su importe no supongan un falseamiento de la competencia, que afecte a los intercambios comerciales entre los estados miembros podrán acogerse al régimen de minimis establecido en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352 de 24.12.2013), modificado por el Reglamento (UE) núm. 2020/972 de la Comisión, de 2 de julio de 2020, por el que se modifican el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 en lo que respecta a su prórroga y el Reglamento (UE) núm. 651/2014 en lo que respecta a su prórroga y los ajustes pertinentes (DO L 215 de 07.07.2020), y no precisará su notificación a la Comisión Europea; salvo en los casos que el Reglamento exceptúa de su aplicación en el artículo 1.1, entre los que no se encuentran los sectores culturales.

En consecuencia, las ayudas regulades en la presente resolución se acogerán al régimen de minimis.

De acuerdo con el artículo 3.2 del Reglamento 1407/2013, el importe total de la ayuda bajo el concepto de mínimis, concedida por un estado miembro a una única empresa, no excederá de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. De acuerdo con el artículo 6.1 del Reglamento de mínimis, el centro gestor, antes de conceder la ayuda deberá comprobar que dicha concesión no da lugar a que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a la empresa sobrepasa el límite mencionado. En caso de que supere dicho límite máximo ninguna nueva ayuda podrá acogerse al Reglamento de mínimis. A tal efecto, se solicitará a las entidades beneficiarias una declaración responsable sobre otras ayudas de mínimis concedidas en el ejercicio fiscal corriente y en los dos ejercicios anteriores. El período de tres ejercicios fiscales se determinará tomando como referencia los ejercicios fiscales utilizados por la empresa en el estado miembro de que se trate y todas las ayudas se expresarán como subvención en efectivo, con cifras empleadas brutas, es decir, antes de la deducción de impuestos u otras cargas. Este periodo presenta además un carácter móvil, es decir que, para toda nueva ayuda mínimis que se conceda, se ha de calcular la cuantía total de ayudas de mínimis, otorgadas en el ejercicio fiscal presente y en los anteriores. El momento en que se debe considerar concedida una ayuda de mínimis es aquel en que se reconozca a la empresa el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen jurídica nacional aplicable, con independencia de la fecha de pago de la ayuda de mínimis a la empresa.

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento 1407/2013, las ayudas de mínimis concedidas podrán acumularse con: a) otras ayudas de mínimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) núm. 360/2012 de la Comisión hasta el límite máximo establecido en este último Reglamento; b) otras ayudas de mínimis concedidas con arreglo a otros reglamentos de mínimis hasta el límite máximo pertinente que se establece en el artículo 3, apartado 2, de este Reglamento 1407/2013 (200.000 euros en tres ejercicios fiscales).

No se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables o con ayuda estatal para la misma medida de financiación de riesgo, si dicha acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión. Las ayudas de mínimis que no se concedan para costes subvencionables específicos ni puedan atribuirse a costes subvencionables específicos podrán acumularse con otras ayudas estatales concedidas en virtud de un reglamento de exención por categorías o de una decisión adoptados por la Comisión. El Reglamento 1407/2013 será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2023.



Artículo 4. Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas, siempre que tengan residencia fiscal en la Comunitat Valenciana, así como las entidades públicas, incluyendo los ayuntamientos, las agrupaciones de entidades locales, y privadas, con y sin ánimo de lucro, incluyendo las entidades dependientes de entidades locales, autonómicas o estatales, así como los profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios las propias entidades autonómicas o locales convocantes o perceptoras de los fondos, pero sí las fundaciones u organismos públicos dependientes de las mismas con personalidad jurídica propia y que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5.

2. La persona beneficiaria de la subvención, deberá ser el ejecutante en términos económicos de la inversión correspondiente al proyecto presentado a esta convocatoria.



Artículo 5. Requisitos de los proyectos

1. Las ayudas se destinarán a financiar proyectos y actividades culturales que se celebren o se desarrollen en el medio rural, entendiendo por tal, como lo define la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido por las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km cuadrado. En ausencia de definición, ese espacio quedará delimitado por el término municipal. Se dará, en cualquier caso, un tratamiento prioritario a aquellos proyectos y actividades que se desarrollen en municipios o localidades de menos de 5.000 habitantes y estén integrados en el medio rural.

2. Se financiarán aquellos proyectos y actividades que supongan una contribución relevante y significativa al ecosistema cultural de sus respectivos territorios y cuyo importe mínimo ascienda a 31.250,00 €.

3. En particular se financiarán las siguientes actuaciones con las ayudas:

a) Eventos o espectáculos artísticos o culturales, festivales, exposiciones y otras actividades culturales similares dentro de los siguientes ámbitos: cine y artes audiovisuales, teatro, danza, circo, música, artes visuales, literatura y palabra, arquitectura, diseño y artesanía, incluyendo las actividades artísticas multidisciplinares y aquellas que relacionan la cultura y las artes con la ciencia y/o los saberes y cultura tradicional valenciana.

b) Proyectos que, mediante la participación multiagente-laboratorios de ideas, prototipados de proyectos, iniciativas transdisciplinares o alianzas transectoriales, favorezcan la experimentación, la investigación y la innovación cultural y tengan una concreción práctica en el territorio.

c) Patrimonio inmaterial, en conexión con la cultura y las prácticas contemporáneas.

d) Actividades de educación, transferencia y mediación artística y cultural, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías

4. Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.

Los beneficiarios finales estarán obligados a crear en España todo el empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.

5. En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como con lo requerido en la Propuesta de decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todos los proyectos de inversión que deben llevarse a cabo en cumplimiento del citado Acuerdo deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés: Do No Significant Harm) y las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en el Componente 24, así como en las inversiones en las que se enmarcan los citados proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente 24 del plan.

6. El solicitante deberá declarar en su solicitud (anexo II), que no desarrolla actividades excluidas según lo indicado por la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de recuperación y resiliencia. A efectos del Reglamento del MRR, el principio DNSH debe interpretarse según lo previsto en el artículo 17 del Reglamento de taxonomía. Dicho artículo define qué constituye un «perjuicio significativo» a los seis objetivos medioambientales que comprende el Reglamento de taxonomía:

1. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

2. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos (6).

3. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas.

4. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

5. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.

6. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión.



Artículo 6. Presentación de solicitudes

1. Conforme al artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento.

2. La resolución de cada convocatoria se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en la web del IVC: http://ivc.gva.es/.

3. Todas las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del registro electrónico accesible desde la página web http://ivc.gva.es/, para lo que la entidad o su representante deberá disponer de cualquiera de los certificados o firmas electrónicas que admite dicha aplicación.



En ningún caso serán válidos los documentos a los que se deba acceder mediante enlaces o direcciones webs, correspondientes a portales o páginas web, aplicaciones o plataformas de almacenamiento digital, o a servicios de alojamiento de archivos, teniéndose dichos documentos por no presentados.

4. Las solicitudes deberán cumplimentarse según los modelos normalizados que se adjuntarán en la correspondiente convocatoria y que estarán accesible en la web http://ivc.gva.es/. Estos modelos incluyen el anexo de solicitud, el resumen del proyecto y la ficha presupuestaria. No se tendrá en cuenta ni se valorarán los méritos y los aspectos que han de ser objeto de valoración que no estén incluidos en los modelos normalizados.

5. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El incumplimiento del mencionado plazo dará lugar a la no admisión de la solicitud.

6. Las solicitudes deberán firmarse electrónicamente antes de su presentación. Tanto la firma electrónica de la solicitud como la presentación por medios electrónicos en cualquiera de los registros previstos, deberán realizarse por el solicitante o por la persona que tenga capacidad de representación del solicitante.

Las solicitudes se considerarán efectivamente presentadas, a los efectos de la comprobación y cómputo de plazos, en el momento en el que la persona que presente la solicitud obtenga el justificante de presentación que genere el registro electrónico que se establezca en la correspondiente convocatoria.

7. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos para poder concurrir a la convocatoria o faltara documentación al respecto, el órgano competente requerirá a la persona interesada para que la subsane en el plazo máximo de cinco días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en la legislación del procedimiento administrativo común.

Sin perjuicio de lo anterior, los requerimientos individuales de subsanación podran ser sustituidos por la publicación en la web del IVC del listado completo de las solicitudes, indicando aquellas que están completas, las incompletas, señalando la documentación que falta por aportar o subsanar, y las no admitidas a trámite, teniendo dicha publicación el carácter de notificación a los efectos de computar el plazo para subsanar o completar la solicitud presentada.

La subsanación es la aportación de un requisito, ya sea una mención en la propia solicitud o un documento que deba acompañarla, que no se aportó en su momento pero que existía en el plazo de presentar la solicitud. Por tanto, en los documentos aportados en la subsanación debe constar la fecha que necesariamente ha de estar dentro del plazo de presentación de solicitudes. La documentación acreditativa de los méritos y de aspectos que han de ser objeto de valoración (resumen del proyecto y ficha presupuestaria) que no se hubiesen presentado en plazo podrán ser requeridos condicionando su validez a que en los mismos conste la firma digital y la fecha y la misma se encuentre dentro del plazo de presentación de solicitudes.

8. El IVC cursará las notificaciones por la vía electrónica a través de la dirección electrónica habilitada de la persona jurídica o, en su defecto, a través de la carpeta ciudadana del representante de la entidad o de la persona física solicitante.

Las notificaciones se entenderán practicadas o rechazadas en los términos que se señalan en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en la legislación complementaria. En este sentido, si transcurren 10 días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por realizado el trámite de la notificación.

9. Los datos de carácter personal que figuren en la solicitud y, en general, los que resulten del procedimiento, podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el IVC como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias.

Las personas solicitantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Se puede consultar la política completa de privacidad del IVC en la siguiente dirección: http://ivc.gva.es/es/ivc/quienes-somos-ivc/aviso-legal/politica-de-privacidad.

Los documentos que ya fueron aportados ante la administración actuante y sobre los que no se han producido modificaciones, no será preceptivo presentarlos de nuevo, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en el que fueron presentados y no haya transcurrido más de cuatro años desde que se presentaron. En los supuestos de imposibilidad material de obtener dicha documentación, el órgano instructor podrá requerir al interesado su presentación. Tampoco será preciso presentar documentos para acreditar datos que ya consten en la administración actuante.

10. La presentación de la solicitud implicará la aceptación por la persona solicitante de las presentes bases y de aquellas obligaciones y demás condiciones que concreten las respectivas convocatorias.

11. El IVC comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante BDNS) la convocatoria de la misma, así como las subvenciones concedidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la LGS.



Artículo 7. Documentación a aportar y declaraciones responsables que acompañen la sol·licitud

1. La documentación administrativa a aportar junto con la solicitud será la siguiente:

a) Si quien solicita es una persona física que no ejerce una actividad económica:

DNI y certificado de empadronamiento.

b) Si quien solicita es un empresario individual (autónomo):

DNI, certificado de empadronamiento y recibo del pago de la cuota de autónomo del mes anterior a la publicación de la convocatoria y, en caso de oposición expresa en el formulario de solicitud a la consulta por parte de la Administración, deberá presentar el alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores donde conste la calificación de la actividad económica correspondiente para la cual se solicita la subvención, o alternativamente el alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

c) Si quien solicita es una persona jurídica:

Escritura o documento público de constitución o estatutos de la entidad inscritos en el registro oficial correspondiente, el NIF de la empresa, así como el poder de representación que ostenta el firmante de la solicitud (documento público o certificado del acuerdo adoptado por el órgano de gobierno que corresponda aprobando solicitar esta ayuda y facultando al representante para suscribir la petición), excepto en el supuesto de que el solicitante sea el administrador único, y DNI del representante. Así mismo, en caso de oposición expresa en el formulario de solicitud, a la consulta por parte de la Administración deberá presentar el alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores donde conste la calificación de la actividad económica correspondiente para la cual se solicita la subvención, o alternativamente el alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

d) Si quien solicita es una asociación o entidad sin ánimo de lucro:

Estatutos de la asociación o entidad y su inscripción en el registro correspondiente, el NIF de la asociación o entidad, poder de representación que ostenta el firmante de la solicitud, y DNI del representante.

e) Si quien solicita es un ayuntamiento u otras entidades del sector público:

Certificado del acto o acuerdo adoptado por el órgano competente por el que se autoriza a la entidad pública a participar en la convocatoria, expedido por el órgano de gobierno de la corporación local.

f) Si quien solicita es una agrupación de entidades sin personalidad jurídica:

Deberán presentar el acuerdo de la agrupación.

2. El formulario de solicitud incluirá las declaraciones responsables siguientes:

a) Declaración de ayudas de estado: relación e importe de cuantas subvenciones, ayudas, ingresos o recursos se hayan solicitado o concedido o estén pendientes de percepción por otras administraciones o instituciones públicas para la misma finalidad, a los efectos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, general de subvenciones (LGS).

b) Declaración de ayudas de minimis, del ejercicio fiscal presente y de los dos anteriores.

c) Declaración de estar libre de prohibiciones al objeto de no concurrir en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria, especificadas en el punto 2 del artículo 13 de la LGS, debiendo permanecer en esta situación durante todo el procedimiento de tramitación de las ayudas, hasta el pago de las mismas. Cualquier circunstancia que pueda afectar a esta declaración responsable a lo largo de la duración del procedimiento de las ayudas, habrá de ser comunicada necesariamente al IVC, tan pronto como se produzca.

d) Declaración de fomento de empleo de personas con discapacidad o, en su caso, declaración de la exención de dicha obligación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad (DOGV 4479, 11.04.2003) y en el artículo 5 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad (DOGV 4907, 21.12.2004).

e) Declaración de derechos de autoría, con objeto de cumplir la normativa en materia de derechos de propiedad intelectual.

f) Declaración sobre utilización de espacios escénicos, en la que la persona solicitante manifieste, bajo su exclusiva responsabilidad, que los espacios y locales donde se realizarán las actividades cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente para la realización de las mismas y especialmente en lo previsto en la Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, modificada por la Ley 6/2018 (DOGV 6414, 10.12.2010 y DOGV 8256, 16.03.2018), que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el desarrollo de las mismas; y de acuerdo además con lo previsto en el punto 7 del anexo del Decreto 32/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el catálogo de actividades con riesgo de la Comunitat Valenciana.

g) Declaración sobre las contrataciones técnicas y artísticas correspondientes al desarrollo de la actividad objeto de la subvención cumpliendo con las cotizaciones a la Seguridad Social y con el abono de las retribuciones, de acuerdo a lo que dispone la Resolución que regula Convenio colectivo de trabajo del sector de los actores y las actrices de teatro de la Comunitat Valenciana (DOGV 8307, 31.05.2018), y de abonar las facturas correspondientes en el caso de servicios artísticos o técnicos prestados por personas acogidas al régimen de autónomos, de acuerdo con los contratos suscritos.

h) Declaración responsable en la que se declare que la entidad no está en crisis, según lo dispuesto por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31.07.2014) y que no está sujeta a una orden de recuperación por declaración de la Comisión de ayuda ilegal e incompatible.

i) Declaración responsable en la que se indique que el importe de la ayuda no excederá de lo necesario para cubrir las pérdidas de explotación y un beneficio razonable durante el periodo de referencia. Ello se garantizará ex ante, sobre la base de previsiones realistas, o mediante un mecanismo de reembolso. En el caso de incumplimiento de esta obligación se procederá al reintegro de las cantidades abonadas.

j) Declaración responsable de que conoce la normativa que es de aplicación, en particular los apartados 2.d y 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021

k) Declaración responsable de su compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

l) Declaración responsable de ser conocedor de que la financiación, en forma de subvención, a la que se accede, procede del Mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea y que asume todas las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Eu ropeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia, demás normas de la Unión sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o trasposición de estas, especialmente con respecto al requerimiento de cumplir con el perjuicio de no ocasionar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH) y las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en el Componente 24, así como en las inversiones en las que se enmarcan los citados proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3,6 y 8 del documento del Componente 24 del plan.

m) Declaración responsable de que conoce la normativa que es de aplicación, en particular los apartados 2.d y 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia, relativos a:

1º Recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, los datos relatives al nombre de la empresa y NIF y domicilio fiscal.

2º Los datos anteriores solo serán tratados por los estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos del PRTR.

n) El solicitante manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines ex presamente relacionados en los artículos citados en la letra anterior.

o) El solicitante declara responsablemente su compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

p) El solicitante declara que atendiendo al contenido del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), se compromete en la medida de lo posible a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (DNSH) exigido por el Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia, de forma que no desarrolla actividades excluidas según lo indicado por la Guía Técnica sobre la aplicación del principio de de no causar un perjuicio significativo en virtud del reglamento relativo al Mecanismo de recuperación y resiliencia, que no prevé efectos directos de las sucesivas fases de la actividad sobre el medio ambiente, ni efectos indirectos primarios, entendiendo como tales aquellos que pudieran materializarse tras su finalización y que no se causará un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuación:

– Mitigación del cambio climático: se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

– Adaptación al cambio climático: se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos.

– Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos: se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas.

– Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residus: se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, la incineración o el depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

– Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo: se con sidera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.

– Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemes: se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión.

q) El solicitante declara que no prevé efectos directos del proyecto o actividad sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios, entendiendo como tales aquellos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.

3. Memoria del proyecto de la entidad de acuerdo con el modelo normalizado, señalando de manera clara entre otras las siguientes cuestiones: el espacio o espacios donde se realizará el proyecto, una previsión de su desarrollo; la actividad o actividades que lo componen, con una descripción de las mismas y los objetivos que persigue, destacando su capacidad de innovación y transformación, así como los indicadores que sirven para medir estos objetivos y cualquier información que permita realizar la evaluación del proyecto conforme a los criterios establecidos en estas bases.

En todo caso y al objeto de su valoración, la memoria deberá contener los siguientes aspectos: número de habitantes del ayuntamiento donde se desarrolla la actividad o parte principal, en el caso de que se realice en varios términos municipales. Indicar si el municipio ha sido distinguido por la Conselleria de Educació, Cultura y Deporte como capital cultural valenciana. Indicar si el ayuntamiento del municipio donde se realizan las actividades està adscrito al Circuit Cultural Valencià, en una, dos o tres de sus modalidades (artes escénicas, música y audiovisual valenciano). Indicar si la actividad se realiza en varios términos municipales. Indicar y explicar si se trata de un proyecto interdisciplinar. Explicar la calidad técnica y el interés del proyecto, y el valor añadido que pueda aportar a las estructuras, la capacidad del proyecto de generar sinergias entre diferentes agentes que favorezca alianzas transectoriales, y prime la investigación, la experimentación y la innovación cultural con una concreción práctica en el territorio. Se debe indicar asimismo la aportación del solicitante al proyecto a realizar y la adecuación presupuestaria, capacidad económica y organizativa de la entidad y viabilidad técnica y financiera del proyecto. Se debe indicar si el proyecto contempla la incorporación de herramientas de mediación y evaluación de los distintos impactos del proyecto.

4. Ficha presupuestaria de acuerdo con el modelo normalizado, con el presupuesto detallado de la actividad, con desglose pormenorizado de gastos e ingresos. Los solicitantes tendrán en cuenta la cuantía máxima para elaborar sus presupuestos, con el fin de garantizar la coherencia entre las actuaciones a desarrollar y la cuantía de la ayuda solicitada, debiendo entenderse que la cuantía subvencionable será la solicitada y que dicho presupuesto será vinculante a efectos de presentación de la justificación. Este documento debe permitir comprobar la viabilidad técnica y económica del proyecto.

5. Conforme lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y sin perjuicio de los derechos reconocidos en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la presentación de la solicitud supone la prestación del consentimiento por parte de la persona interesada para que el órgano instructor del procedimiento pueda recabar de los organismos competentes la información relativa a:

a) El cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria

b) El cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.



c) El cumplimiento de sus obligaciones con la Administración de la Comunitat Valenciana.

d) Resto de datos o documentos emitidos o en poder de cualquier administración pública.

No obstante, el solicitante podrá denegar o revocar de forma expresa este consentimiento, a través de comunicación escrita al Institut Valencià de Cultura, manifestando su voluntad en tal sentido. En este supuesto, deberá presentar los documentos acreditativos correspondientes, siendo la no aportación de estos causa de requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los documentos correspondientes.

En el caso de que el solicitante sea una entidad local, bastará la presentación de una declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como del resto de las obligaciones con la Comunitat Valenciana, firmada por el interventor o el secretario-interventor.

Las certificaciones deberán ser expedidas con carácter genérico o a los efectos de obtención de subvenciones, por lo que no son válidas las emitidas para cualquier otra finalidad. Igualmente se considerarán cumplidas las anteriores obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión como consecuencia de impugnación, extremos que deberán acreditarse mediante la presentación de la resolución en la que se concedan los aplazamientos o fraccionamientos o se acuerde la suspensión.

6. No será necesario aportar la documentación exigida que ya obrase en poder del Institut Valencià de Cultura, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se identifique el documento o documentos afectados.

b) Que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia y procedimiento en que fueron entregados.

c) Que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

d) Que conste expresamente que no existe oposición a la consulta y comprobación de dicha documentación.

Las declaraciones responsables tendrán los efectos establecidos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore en una declaración responsable, o la no presentación de la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.



Artículo 8. Instrucción

1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General del Institut Valencià de Cultura. El órgano instructor podrá solicitar a los interesados cuantas aclaraciones y ampliaciones de información y documentos sean precisos para la adecuada tramitación del procedimiento.

2. La aportación de documentos y realización de alegaciones durante la tramitación del procedimiento, una vez iniciado este, se realizará de forma telemática a través de la sede electrónica del IVC, accediendo al servicio digital de aportación de documento a procedimientos en trámite. Se deberá concretar la convocatoria y modalidad a la que se presenta y en la descripción hacerse referencia al expediente correspondiente.

3. Completada la documentación, las solicitudes presentadas que cumplan los requisitos exigidos, se ordenarán de mayor a menor puntuación, atendiendo a los criterios de baremación incluidos en estas bases, y se elaborará el listado de solicitudes que resultarán adjudicatarias de las ayudas indicando el importe de la subvención.



Artículo 9. Comisión de valoración

1. La evaluación de las solicitudes será llevada a cabo por una comisión técnica de valoración.

2. La comisión estará presidida por el titular de la Dirección General del IVC o persona en quien delegue, y formada por cinco vocales, entre los cuales estará la persona titular del Servicio de Ayudas del IVC o persona en quien delegue de dicho servicio. La persona que ejerza la secretaría de la comisión, que actuará con voz y sin voto, deberá ocupar un puesto técnico o administrativo del IVC.

Los otros cuatro vocales a propuesta del órgano instructor y nombrados por el órgano competente, serán expertos independientes en la materia de probada cualificación profesional.

De los cinco vocales de cada comisión técnica, al menos dos serán hombres y dos serán mujeres ajustándose por tanto al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres que establece el artículo 54 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

3. De conformidad con el artículo 21.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (en adelante LRJSP), en las comisiones técnicas de valoración podrán participar expertos que, por sus conocimientos específicos, puedan valorar determinados aspectos de los proyectos presentados, asesorando a los miembros de la comisión al respecto.

4. En lo no previsto expresamente en estas, el funcionamiento de las comisiones técnicas de valoración se regirá por lo previsto en la legislación del procedimiento administrativo común. Los miembros de dichas comisiones estarán sujetos a las causas de abstención y recusación previstas en la citada norma.

5. Las actas de las reuniones podrán contenerse en un único informe en el que constará la aplicación de los criterios de valoración y el orden preferente resultante. Este informe será la base de la propuesta de resolución del órgano instructor.



Artículo 10. Criterios objetivos de otorgamiento

1. Para la concesión de las subvenciones se valorarán los siguientes criterios con una puntuación máxima de 100 puntos, no pudiéndose conceder subvención en el caso de no obtener un mínimo de 50 puntos:

1.1. Número de habitantes del ayuntamiento donde se desarrolla la actividad o parte principal, en el caso de que se realice en varios términos municipales Máximo 10 puntos.



Menos de 3.000 habitantes 10 puntos

De 3.001 a 4.000 habitantes 8 puntos

De 4.001 a 5.000 habitantes 5 puntos

Más de 5.000 habitantes 0 puntos





1.1. Actividad realizada en varios términos municipales, con un máximo de 3 puntos



Actividad en más de 3 términos municipales de menos de 5.000 habitantes 3 puntos

Actividad en 3 términos municipales de menos de 5.000 habitantes 2 puntos

Actividad en 2 términos municipales de menos de 5.000 habitantes 1 punto

Actividad en un solo término municipal de menos de 5.000 habitantes 0 puntos





1.2. Proyecto interdisciplinar, con un máximo de 5 puntos



Proyecto con más de 5 actividades 5 puntos

Proyecto entre 3 y 5 actividades 3 puntos

Proyecto con 2 actividades 2 puntos

Proyecto con 1 actividad 1 punto





1.4. Relación con los proyectos Capital Cultural Valenciana, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y Circuit Cultural Valencià, del Institut Valencià de Cultura: máximo 10 puntos.



Actividad en una ciudad que haya sido nombrada Capital Cultural Valenciana 5 puntos

Actividad en una ciudad del Circuit Cultural Valencià adscrita a sus tres modalidades (artes escénicas, música y audiovisual valenciano) 5 puntos

Actividad en una ciudad del Circuit Cultural Valencià adscrita a dos de sus tres modalidades artísticas. 4 puntos

Actividad en una ciudad del Circuit Cultural Valencià adscrita a una de sus tres modalidades artísticas. 3 puntos





1.5. Aportación del solicitante al proyecto a realizar, con un máximo de 5 puntos



Aportación del solicitante de más del 50 % del importe del proyecto 5 puntos

Aportación del solicitante de más del 40 % y hasta el 50 % del importe del proyecto 4 puntos

Aportación del solicitante de más del 30 % y hasta el 40 % del importe del proyecto 3 puntos

Aportación del solicitante de más del 20 % y hasta el 30 % del importe del proyecto 2 puntos

Aportación del solicitante de menos de 20 % del importe del proyecto 0 puntos





1.6. Adecuación presupuestaria, se debe valorar si el presupuesto elaborado es coherente con los precios de mercado, la viabilidad técnica: hace referencia a aquello que atiende a las características tecnológicas y naturales involucradas en un proyecto, con sus características, el modelo de realización, los medios técnicos necesarios, los medios humanos que van a intervenir y su cualificación, los materiales necesarios, control de calidad, gestión de residuos, etc; si es posible, desde el punto de vista técnico, desarrollar eficientemente nuestro proyecto; se valorará asimismo la viabilidad financiera: el proyecto es viable, desde el punto de vista financiero, si no plantea problemas de tesorería y tiene una estructura financiera equilibrada, en cuanto a endeudamiento, solvencia y liquidez, se medirá de esta forma la capacidad económica y organizativa de la entidad para realizar el proyecto, con un máximo de 20 puntos



Muy alta 20 puntos

Alta 15 puntos

Regular 10 puntos

Baja 5 puntos

Muy poca 2 puntos

Nula 0 puntos





1.7. Adecuación de la actividad proyectada al logro de las finalidades y objetivos establecidos en esta resolución, con un máximo de 20 puntos



Muy alta 20 puntos

Alta 15 puntos

Regular 10 puntos

Baja 5 puntos

Muy poca 2 puntos

Nula 0 puntos





1.8. Se valorará la calidad técnica y el interés del proyecto, y carácter innovador con valor añadido que pueda aportar a las estructuras, la capacidad del proyecto de generar sinergias entre diferentes agentes que favorezca alianzas transectoriales, y prime la investigación, la experimentación y la innovación cultural con una concreción práctica en el territorio, máximo 20 puntos.



Muy alta 20 puntos

Alta 15 puntos

Regular 10 puntos

Baja 5 puntos

Muy poca 2 puntos

Nula 0 puntos





1.9. Incorporación de herramientas de medición y evaluación de los distintos impactos del proyecto: cultural, económico, social, demográfico, territorial, calidad de vida, sostenibilidad medioambiental y otros, máximo de 7 puntos.



El proyecto presentado incorpora herramientas de la medición y evaluación de al menos 7 de los impactos siguientes: cultural, económico, social, demográfico, territorial, calidad de vida, sostenibilidad medioambiental y otros. 7 puntos

El proyecto presentado incorpora herramientas de la medición y evaluación de al menos 6 de los impactos siguientes: cultural, económico, social, demográfico, territorial, calidad de vida, sostenibilidad medioambiental y otros. 6 puntos

El proyecto presentado incorpora herramientas de la medición y evaluación de al menos 5 de los impactos siguientes: cultural, económico, social, demográfico, territorial, calidad de vida, sostenibilidad medioambiental y otros. 5 puntos

El proyecto presentado incorpora herramientas de la medición y evaluación de al menos 4 de los impactos siguientes: cultural, económico, social, demográfico, territorial, calidad de vida,

sostenibilidad medioambiental y otros. 4 puntos

El proyecto presentado incorpora herramientas de la medición y evaluación de al menos 3 de los impactos siguientes: cultural, económico, social, demográfico, territorial, calidad de vida, sostenibilidad medioambiental y otros. 3 puntos

El proyecto presentado incorpora herramientas de la medición y evaluación de al menos 2 de los impactos siguientes: cultural, económico, social, demográfico, territorial, calidad de vida, sostenibilidad medioambiental y otros. 2 puntos

El proyecto presentado incorpora herramientas de la medición y evaluación de al menos 1 de los impactos siguientes: cultural, económico, social, demográfico, territorial, calidad de vida, sostenibilidad medioambiental y otros. 1 punto

El proyecto presentado no incorpora herramientas de medición y evaluación. 0 puntos







Artículo 11. Resolución provisional

1. El órgano instructor, a la vista del contenido del expediente y del informe en el que se contengan las actas de la comisión de valoración, formulará la propuesta de resolución provisional.

2. La propuesta de resolución deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes.

3. La propuesta de resolución provisional se publicará en la web del IVC https://ivc.gva.es/.

4. Emitida la propuesta de resolución provisional el interesado podrá presentar las alegaciones que considere oportunas en el plazo previsto en la convocatoria que como mínimo será de cinco días hábiles.

5. Las alegaciones podrán contestarse de forma individual o en un escrito que contendrá el listado de las alegaciones presentadas, así como su estimación o desestimación y los motivos por los que se estima o desestima la misma, que será publicado en la página web del IVC, teniendo dicha publicación el carácter de notificación a los efectos de elevar a definitiva la resolución provisional.



Artículo 12. Resolución y notificación

1. La resolución de concesión o de denegación corresponderá la persona que ostente la presidencia del IVC.

2. La resolución será motivada, y contendrá la relación de beneficiarios, con indicación del nombre del proyecto y la cuantía de la subvención, haciéndose constar, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. La resolución acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida. Se indicará la puntuación otorgada a cada una de las solicitudes presentadas en función de los criterios de valoración establecidos en estas bases.

3. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa, y contra esta se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el presidente del IVC, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que se estime pertinente.

Transcurridos seis meses sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

4. En todo caso, la resolución de la concesión de ayudas se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y en la página web del IVC (http://ivc.gva.es/).



Artículo 13. Modificación de la resolución de concesión

1. La entidad beneficiaria, una vez recaída resolución de concesión, podrá solicitar la modificación de su contenido cuando durante la ejecución de la intervención subvencionada se manifiesten circunstancias objetivas que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la actuación. Se considerarán modificaciones sustanciales aquellas que afecten a objetivos, resultados, o a los indicadores de las actuaciones, el cambio de los colectivos protagonistas, el cambio de la localización del proyecto, la modificación del cronograma de actividades, los cambios en la composición de la agrupación de entidades y de las entidades subcontratadas, así como la creación de partidas presupuestarias no previstas inicialmente, y/o las variaciones en las partidas que, sin alterar la cuantía total de la subvención y del coste total del proyecto, superen un porcentaje máximo de desviación presupuestaria superior al 10 % entre las partidas presupuestarias subvencionadas por el Gobierno Valenciano.

2. Para proceder a las modificaciones sustanciales señaladas en el párrafo anterior, será necesario presentar una solicitud motivada ante el órgano gestor, a través del registro electrónico común de la administración de la Comunitat Valenciana o en cualquiera de los registros a los que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el momento en el que se produzcan las circunstancias que la justifique o en un plazo no superior a 1 mes desde la aparición de las mismas, y en todo caso, antes de que finalice el plazo de ejecución previsto de la actuación subvencionada, en la que indicará las actuaciones que se proponen modificar y las repercusiones presupuestarias y temporales que impliquen.

3. Se podrá conceder, de forma motivada, una ampliación del plazo establecido para la ejecución del proyecto, que no exceda de la mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero.

4. El órgano que concedió la subvención, dictará, si procede, la resolución aprobando o denegando la modificación sustancial o ampliación del plazo de ejecución solicitada, notificándose en el plazo máximo de quince días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de modificación. Transcurrido el plazo máximo sin resolver se podrá entender desestimada la solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin que ello exima de la obligación legal de resolver.



Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios

1. Tiene la consideración de beneficiario de las subvenciones el destinatario de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

2. Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

a) Aceptar la subvención y comprometerse a realizar la actividad, cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. A estos efectos, se entenderá tácitamente aceptada la subvención y los compromisos mencionados cuando los beneficiarios no manifiesten su renuncia expresa en el plazo de diez (10) días siguientes a la notificación de la concesión.

b) Cumplir el objetivo, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo y forma a tal efecto establecidos.

c) Justificar ante el Institut Valencià de Cultura el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión o disfrute de la subvención, para lo cual deberá presentar en tiempo y forma la documentación justificativa, en los términos previstos en esta resolución. A tal efecto podrán solicitarse cuantos documentos justificativos sean necesarios para comprobar la aplicación de la subvención.



d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Institut Valencià de Cultura y a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que pueda realizar la Intervención General de la Comunitat Valenciana.

e) Comunicar al Institut Valencià de Cultura, tan pronto como tengan conocimiento y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas y provengan de cualesquiera otros entes, públicos o privados, nacionales o internacionales, a efectos de no superar el 100 % de los costes de la actividad tenidos en cuenta para el otorgamiento de la subvención.

f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con caràcter previo al pago, así como con la Administración de la Comunitat Valenciana y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la LGS.

j) Los beneficiarios de subvenciones o ayudas públicas deberán cumplir las obligaciones que les impone la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.

Entre elles, dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad, inversión o actuación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18, punto 4, de la LGS y en las circunstancias y condiciones previstas en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.

Estas medidas consistirán en la inclusión de los logotipos institucionales del IVC, así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos, o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

En este sentido, se hará constar en todo el material gráfico y audiovisual publicitario que se realice (carteles, folletos, pancartas, soportes digitales y el resto de documentación y material utilizado) que la actividad subvencionada se realiza en colaboración con la Generalitat, y en las inclusiones o menciones que se realicen en las páginas web oficiales para dar repercusión a las actividades se incorporarán los logotipos institucionales que facilite el IVC.

k) Los beneficiarios de la subvención tendrán que cumplir además las obligaciones comunitarias y nacionales relativas a la financiación del Mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea siguientes:

1) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuacions subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.

2) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.

3) Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.

4) Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.

5) Custodiarán y conservarán la documentación del proyecto financiado por el Mecanismo de recuperación y resiliencia de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

6) En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

7) En todas las actuaciones de publicidad, comunicación y difusión que se realicen una vez notificada la concesión de la subvención se deberá dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación, incorporando el logotipo de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte/Institut Valencià de Cultura.

Asimismo, deben cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de recuperación y resiliencia. En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:

a) El emblema de la Unión Europea.

b) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU»;

c) Deberán emplearse los siguientes logos:

d) Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014.



También se puede consultar la siguiente página web:

http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm

y descargar distintos ejemplos del emblema en:

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.

Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.

8) En caso de haber realizado actuaciones de publicidad, comunicación y difusión, tanto escritas como audiovisuales en relación al proyecto, los beneficiarios de las ayudas deberán aportar acreditación de la difusión del carácter público de la financiación de la actividad subvencionada, citando los fondos de Next Generation EU, que financian las actuaciones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) e incluyendo los logotipos oficiales indicados en este artículo.

9) Mantener el destino de los bienes que hayan sido objeto de subvención y aplicarlos a la finalidad prevista en la solicitud de concesión durante un periodo mínimo de dos años a contar desde la justificación por parte del beneficiario de la ejecución del proyecto. A los meros efectos del cómputo de este plazo será considerado como fecha de justificación de la ejecución del proyecto la fecha de la presentación de la justificación final de la inversión.

3. La comprobación de la falsedad de alguno de los datos en los documentos presentados como justificación o los requeridos para la misma implicará la revocación inmediata de la subvención, sin perjuicio que se inicie el procedimiento sancionador previsto en la LGS.



Artículo 15. Justificación de la subvención

1. La persona beneficiaria está obligada a presentar la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención. La justificación se ajustará a las exigencias de la normativa comunitaria y nacional relativa al Mecanismo de recuperación y resiliencia.

2. La actividad subvencionada deberá desarrollarse íntegramente entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de noviembre de 2023.

3. Los beneficiarios tienen la obligación de justificar, en tiempo y forma, la realización de la actividad subvencionada y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la subvención. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a justificar la totalidad de los gastos del proyecto, no solo la parte correspondiente a la ayuda recibida, sino también el importe y aplicación de fondos propios de la entidad y de otras subvenciones o recursos recibidos para la financiación de la actividad, así como la procedencia de estos últimos.

4. La documentación justificativa de la actividad subvencionada deberá presentarse hasta el 31 de marzo de 2024.

5. Para la justificación final de la subvención se deberá presentar una auditoría ante el Institut Valencià de Cultura integrada por los siguientes documentos:

a) Una memoria de actuación de acuerdo con el modelo normalizado, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memoria deberá ir firmada e incluirá los siguientes documentos:

1) Relación detallada de las actuaciones desarrolladas.

2) Copia de la documentación gráfica que acredite que se ha realizado la publicidad y difusión de las actuaciones subvencionadas en las que se ha hecho constar que las mismas están subvencionadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte mediante el Institut Valencià de Cultura, así como los logos a los que se hace referencia esta resolución.

La memoria de actuación debe permitir comprobar la realización efectiva de la actividad y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, así como evaluar los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto. Por lo tanto, deberá referirse a todo aquello ya realizado y concluido, aportando datos exactos y concretos, de tal manera que permita relacionar, de forma clara y transparente, los documentos justificativos de los gestos realizados y de los ingresos obtenidos, con las acciones subvencionadas realizadas. La memoria no es, en ningún caso, ni debe ser una copia literal del proyecto: por consiguiente, deberá proporcionar información detallada sobre lo recogido en los puntos anteriores.

Cualquier modificación deberá ser solicitada por escrito al menos un mes antes de la finalización del periodo de ejecución del proyecto y autorizada por el órgano concedente. La Consejería deberá resolver en el plazo máximo de 15 días hábiles. En el caso de que transcurra dicho plazo sin que recaiga autorización o denegación expresa podrá entenderse desestimada la solicitud. Esta modificación deberá señalarse en la memoria de actividades y se adjuntará a la memoria final la petición por la que se solicitó el cambio y la resolución por la que fue autorizada.



b) Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

En todo caso, el beneficiario estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos sean exigibles y a conservar esa información y documentos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la Ley.

El gasto derivado del informe de auditoría tendrá la condición de un gasto indirecto subvencionable.

La empresa auditora deberá someterse a lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del RLGS.

Sin perjuicio de lo anterior, el IVC podrá requerir a las personas beneficiarias aquellas facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa correspondientes a los gastos realizados y, en su caso, la documentación acreditativa del pago, al objeto de verificar aquellos extremos del citado informe de auditoría que estime oportunos.

6. Se entenderá incumplida la obligación de justificar cuando el órgano gestor en sus actuaciones de comprobación detecte que en la justificación aportada se hubieren incluido gastos que no corresponden a la actividad subvencionada, que no supongan un coste susceptible de subvención, que ya hayan sido financiados mediante otras subvenciones o ayudas públicas, que ya hayan sido utilizados para justificar otra subvención o que se hayan justificado mediante documentos que no reflejen la realidad de las operaciones. En este supuesto, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder, procederá el reintegro de la subvención correspondiente a cada uno de los gastos anteriores cuya justificación indebida hubiera detectado la administración.

7. El Institut Valencià de Cultura podrá requerir al beneficiario para que aporte cualquier otra documentación que se considere necesaria para la justificación de la subvención.

8. Si vencido el plazo de justificación no se presenta la correspondiente cuenta justificativa o esta es insuficiente, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en la LGS.





Artículo 16. Gastos subvencionables

1. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en este artículo. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado, considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en esta convocatoria.

La cuantía concedida se podrá destinar a cualquiera de los gastos subvencionables, de acuerdo con las necesidades reflejadas en el proyecto y con la distribución aprobada en la concesión de la subvención. En concreto serán gastos subvencionables los costes inherentes al desarrollo del conjunto de la intervención objeto de la presente convocatoria, que a continuación se describen, y que deberán acreditarse con la aportación de facturas y comprobantes bancarios hasta el importe de la totalidad de la subvención concedida.

2. Se consideran gastos subvencionables los que se produzcan entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de noviembre de 2023, considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado en cada caso.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías fijadas por la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la ejecución de la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

4. No se podrá incluir como gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando el beneficiario esté obligado a realizar declaración del mencionado impuesto, considerándose subvencionable la base imponible del impuesto. En el caso de exención del IVA se aportará el documento acreditativo oportuno. Tampoco se considerarán gastos subvencionables los impuestos personales sobre la renta cuando el beneficiario sea el sujeto pasivo del mismo.

5. Tratándose de gastos correspondientes a inmovilizado intangible e inmovilizado material, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones, en lo relativo a bienes inventaríales se establece un período mínimo de afec tación de dos años a la actividad del beneficiario.

6. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales, los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los gastos de administración específicos serán subvencionados cuando estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, considerándose en todo caso gastos indirectos e imputándose a la subvención concedida en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realice la actividad y supongan como máximo un 20 % del proyecto presentado.

7. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, y los gastos de pro cedimientos judiciales.



Artículo 17. Financiación, cuantía y abono de las subvenciones

1. Las ayudas reguladas en esta convocatoria están financiadas por el Mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, y se imputarán con cargo a los créditos autorizados en los proyectos de gasto destinados a tal fin, previstos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunitat Valenciana para 2023.

2. El gasto total de estas subvenciones será como máximo de 1.471.907,20 €, y se abonarán con cargo a la partida presupuestaria S8620000, de los presupuestos del Institut Valencià de Cultura para el año 2023.

3. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el 100 % del coste del proyecto subvencionado y el importe máximo a subvencionar en cada proyecto será el que se indica a continuación:

El importe mínimo a conceder en cada proyecto será de 25.000,00 € y el importe máximo a conceder en cada proyecto será de 59.900,00 euros. Asimismo, la cuantía concedida no podrá superar el importe solicitado por el beneficiario. El importe mínimo del proyecto que se presente en la solicitud debe ascender a 31.250 €.

4. En todo caso, la cuantía a conceder estará limitada por la subvención solicitada por la entidad beneficiaria para cada proyecto presentado y el 80 % del coste del proyecto presentado y subvencionado.

5. La distribución de crédito se realizará de la siguiente forma: Se establecerá un orden de prelación según las puntuaciones obtenidas. Todas aquellas entidades que alcancen una puntación igual o superior a 45 puntos podrán obtener una subvención por el importe solicitado respetando en todo caso lo indicado en los apartados 3 y 4 de este artículo y hasta el agotamiento del crédito, según el orden de prelación por la puntuación asignada en cada caso.

En el caso de que la distribución genere remanentes de crédito de cuantía insuficiente para ser otorgada subvención por el importe establecido en esta convocatoria, estos podrán sumarse al crédito liberado por posibles renuncias.

Para estos casos, y de ser suficiente el sumatorio de la cuantía renunciada y del remanente que se hubiera podido generar, podrá destinarse para atender otras solicitudes, siguiendo el orden de prelación establecido.

Conformarán la lista de suplentes aquellas solicitudes que tengan una puntuación igual o superior a 45 puntos y no hayan obtenido subvención por haberse agotado el crédito.

6. No podrá realizarse el pago de las subvenciones en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra el beneficiario resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la deuda de la manera prevista en la legislación vigente.

7. Se podrá realizar, sin la prestación de garantías, el anticipo del pago del setenta y cinco por ciento de la subvención concedida de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44 apartado 18 letra x) de la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023.

8. En caso de que se presente renuncia a la subvención concedida y siempre que se haya efectuado el pago anticipado, el beneficiario podrá devolver de forma voluntaria los fondos recibidos mediante el documento de ingreso, que será facilitado por la Dirección General de l'Institut de Cultura y remitir posteriormente a la misma el justificante de haber efectuado el ingreso.

Cuando se produzca la devolución voluntaria, se tramitará el correspondiente expediente de revocación, sin dar lugar a la apertura de expediente sancionador, y la Administración calculará los intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la entidad.



Artículo 18. Subcontratación

1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal de la persona beneficiaria sin otras excepciones que las establecidas en las presentes bases reguladoras, dentro de los límites y cumpliendo los requisitos fijados en los artículos 29 de la LGS, y 68 del RLGS.

2. La persona beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 50 % del importe de la misma, sumando los precios de todos los subcontratos.

Previa solicitud de la persona beneficiaria, cuando concurran circunstancias que así lo justifiquen, la persona que ostente la dirección general del IVC podrá autorizar de forma singular, a propuesta del órgano encargado de instruir el procedimiento, la subcontratación de hasta un máximo del 75 % del importe de la actividad subvencionada.

3. En los supuestos en que la subcontratación exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, será necesaria, en todo caso, la autorización previa por la dirección general del IVC y la celebración del contrato por escrito.

4. Sin perjuicio de lo anterior, la persona beneficiaria no podrá concertar la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas, con personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.

b) Que el importe de la actividad subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.

Se entiende por personas vinculadas, a estos efectos, aquellas en las que concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 68.2 del RLGS.

5. Si los datos y los motivos de la subcontratación (incluyendo la actividad objeto de la misma, la empresa que desarrollará la actividad y porcentajes que supone sobre el presupuesto de la actividad dentro de los límites señalados) ya figurasen en el dosier del proyecto de actividad aportado junto a la solicitud ajustándose a lo previsto en el presente artículo, la resolución de concesión de una ayuda no requerirá las autorizaciones de la subcontratación a que se refiere el presente artículo. En otro caso se deberá obtener la citada autorización con anterioridad a subcontratar. Sin perjuicio de lo anterior, en estos casos el beneficiario deberá acreditar el coste incurrido por la entidad vinculada y el cumplimiento de los extremos declarados en el momento de la justificación.

6. Además, se debe tener en cuenta que:

a) El contenido de la prestación que se subcontrata ha de estar perfectamente identificado en el proyecto presentado.

b) La persona beneficiaria ha de informar sobre la adecuación de la prestación a los precios habituales de mercado.

c) La misma entidad no puede tener la condición de beneficiaria y subcontratada en actividades subvencionadas de la misma convocatoria.

7. Las subcontrataciones que no se ajusten a lo previsto en el presente artículo no podrán imputarse como gasto de la justificación de la ayuda concedida.



Artículo 19. Revocación y reintegro

1. Procederá la revocación de la subvención y en su caso, el reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas, con la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los fondos percibidos o se acuerde por el órgano competente la procedencia del reintegro, cuando se produzca un incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación insuficiente, y en general, cuando concurra cualquiera de las causas de reintegro tipificadas en la LGS.

2. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) En el caso de ejecución parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención o de que se justifique un gasto de la actividad o proyecto subvencionado por un importe menor al concedido en la resolución, y el beneficiario haya cumplido el resto de sus obligaciones como tal, y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, procederá la revocación parcial de la subvención y el reintegro de las cantidades percibidas de forma proporcional a dicho incumplimiento. Se establecen los siguientes criterios para la gra duación de los incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención, con indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirá en cada caso, teniendo en cuenta que el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos:

1) Incumplimiento total de la actividad subvencionada o de los fines para los que se otorgó la subvención o incumplimiento sustancial de las obligaciones contraídas por el beneficiario durante la ejecución de la actuación sin causa justificada, así como introducción de modificaciones sustanciales que hayan sido denegadas expresamente: revocación y reintegro del 100 % de la subvención, con los correspondientes intereses de demora.

2) Incumplimiento parcial de la actividad subvencionada o de los fines para los que se otorgó la subvención o incumplimiento sustancial de las obligaciones contraídas por el beneficiario durante la ejecución de la actuación, como consecuencia de circunstancias objetivas que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la actuación, justificado mediante informe final explicativo de las circunstancias que dieron lugar a dicho incumplimiento: reintegro de los fondos no ejecutados hasta ese momento, con los correspondientes intereses de demora.

3) En el caso de que se justifique un gasto de la actividad o proyecto subvencionado por un importe menor al concedido en la resolución, y el beneficiario haya cumplido el resto de sus obligaciones como tal, procederá la revocación parcial de la subvención y el reintegro de las cantidades percibidas de forma proporcional a dicho incumplimiento. Al efecto, se entiende cumplido el objeto y la finalidad para la que fue otorgada la subvención, cuando se haya realizado y justificado un gasto mínimo del 80 % del importe total del proyecto subvencionado.

4) Introducción de modificaciones sustanciales no comunicadas, o sin la preceptiva autorización: reintegro del 100 % de los gastos en que se haya incurrido a causa de la modificación, con los correspondientes intereses de demora.

5) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión: reintegro del 2 % de la subvención concedida, con los correspondientes intereses de demora.

6) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, cuando la convocatoria hubiese previsto la incompatibilidad.

3. Igualmente, en el supuesto de que el importe de la subvención, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, siempre que aquellas fueran compatibles entre sí, supere el coste del proyecto subvencionado, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste del proyecto subvencionado, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. El reintegro del exceso se hará a favor de las entidades concedentes en proporción a las subvenciones concedidas por cada una de ellas. No obstante, cuando sea la administración la que advierte el exceso de financiación exigirá el reintegro por el importe total del exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por ella.

4. De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, procederá la devolución voluntaria de la totalidad o parte de la ayuda cuando sea realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. Cuando se produzca la devolución voluntaria de los fondos no utilizados o de los importes que se hayan considerado no subvencionables, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

También procederá la devolución voluntaria de la totalidad o parte de la ayuda, una vez que por el órgano competente del seguimiento de la misma se hayan realizado las labores de comprobación de la justificación económica presentada por los beneficiarios. como consecuencia de dichas comprobaciones, así como de los intereses de demora devengados.

5. Constituye un supuesto de pérdida del derecho al cobro de la subvención y, si procede, de reintegro de esta, el hecho que la cantidad concedida en concepto de subvención sea destinada a la realización de una actividad o al cumplimiento de una finalidad prohibida en el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.

La realización de alguna actividad de las enumeradas en el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas.



Artículo 20. Plan de control

1. De conformidad con lo dispuesto en la LHIS, se determinan en las presentes bases reguladoras, las acciones que, en cumplimento de dicha normativa, se establecen para la comprobación del efectivo y correcto cumplimiento de las actividades subvencionadas por las diferentes convocatorias. En este sentido, se prevén tres tipos de control:

a) Control documental: se lleva a cabo, fundamentalmente, a través de la documentación que los beneficiarios de una subvención vienen obligados a presentar para justificarla. Así, se verifica que la información aportada en la memoria de la actividad se corresponde efectivamente con el proyecto para el que se le ha concedido la ayuda.

También, que la información económica aportada sea correcta y se ajuste a lo dispuesto por las diferentes normativas vigentes.

b) Control digital: se lleva a cabo a través de la visita periódica y constante a las páginas web de las diferentes entidades solicitantes de ayuda, con objeto de hacer un seguimiento continuado del desarrollo de los festivales y muestras, así como de las programaciones de espectáculos, con especial atención a las cancelaciones, modificaciones u otras cuestiones que pudieran alterar el proyecto de actividad.

c) Control telefónico y telemático: a través del contacto continuado con los diferentes agentes culturales especializados en el sector de las artes escénicas, que participan de las actividades subvencionadas en tanto que receptores de su resultado o exhibidores de las mismas.

d) Control presencial: se lleva a cabo mediante la asistencia efectiva del personal del órgano concedente al desarrollo en directo de algunas de las actividades subvencionadas, elegidas de forma aleatoria y de acuerdo con las posibilidades existentes que se derivan de las propias circunstancias de cada modalidad de subvención.

2. Las medidas de control documental se llevan a cabo sobre el 100 % de los proyectos subvencionados en cada convocatoria, en tanto que el órgano concedente dispone de la documentación, siendo que su presentación se conforma como una de las obligaciones de los beneficiarios en el momento de la justificación.

Así mismo, este tipo de control se realiza sobre el 100 % de la cuantía de la línea de la subvención.

3. Las medidas de control digital se llevan a cabo sobre sobre el 40 % de los proyectos presentados en las distintas convocatorias, a lo largo del ejercicio que corresponde a cada una de ellas y de manera aleatoria.

4. Las medidas de control telefónico y telemático, se llevan a cabo sobre el 25 % de los proyectos presentados en las distintas convocatorias, a lo largo del ejercicio que corresponde a cada una de ellas. Se realizan de manera aleatoria o si existen elementos que, de alguna manera, den lugar a la existencia de elementos de riesgo que deriven en la consideración de que no se ha cumplido el objeto y la finalidad de la ayuda.

5. Las medidas de control presencial se llevan a cabo sobre el 15 % de los proyectos presentados las distintas convocatorias, a lo largo del ejercicio que corresponde a cada una de ellas, de manera aleatoria.

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